NSO Group

Diversos defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México fueron afectados por un programa de espionaje, el cual fue adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría,  solo debía ser utilizado para investigar a criminales, terroristas y carteles de drogas. 

Entre los blancos del programa se encontraban abogados que investigaban la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y a una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Además, los intentos de espionaje han llegado incluso a los familiares de los periodistas y activistas.

Desde el año 2011, diversas agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de la empresa NSO Group.

El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para lograr así monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. El software también es capaz de utilizar el micrófono y cámara de los teléfonos, esto hace al celular funcionar como una cámara oculta o micrófono oculto. 

La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas, grupos criminales y carteles de drogas.

Sin embargo, el software ha sido utilizado para vigilar a las personas que han representado peligros para el gobierno. Esto influye en la percepción de muchas personas que ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción en la sociedad  mexicana. 

Los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son los indicativos de las luchas internas que se liberan en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre el gobierno que enfrenta duras críticas por la crisis de derechos humanos que está pasando. 

Según la ley mexicana, un juez federal es la única persona que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas, y solo cuando los funcionarios demuestren que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. Por lo cual es muy poco probable que el gobierno haya recibido la aprobación judicial para poder utilizar a Pegasus para intervenir los teléfonos de los activistas y periodistas.

NSO Group afirma que investiga los historiales de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. Una vez que se otorga la licencia a un gobierno, se instala el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa afirma que no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas de espionaje y contra quién están siendo usadas. La compañía cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Se estima que para espiar diez usuarios de iPhone, el fabricante del software cobra 650.000 dólares, además de la cuota de instalación de unos 500.000 dólares.

Aunque NSO Group supiera que se está haciendo un mal uso de su software, la propia empresa afirma que no podría hacer mucho al respecto, ya que no puede ingresar a las agencias de inteligencia, quitar el software y llevarse el hardware. No obstante, NSO Group confía en que sus clientes cooperarán con una inspección interna que realizaría la empresa. Esta entregaría los resultados a la autoridades legal competente; es decir, los mismos gobiernos son los que terminan siendo responsables de vigilarse a ellos mismos.

Normalmente, el único recurso de la empresa es ir reduciendo poco a poco el acceso del gobierno a las herramientas en el transcurso de varios meses, o incluso años, al dejar de proporcionar nuevos parches o actualizaciones del software.

Sin embargo, en el caso de México, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que haya abuso de su software, a pesar de que se han presentado evidencias en repetidas ocasiones que demuestran que sus herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias.

Fuentes:

Ahmed, A., & Perlroth, N. (2017). 'Somos los nuevos enemigos del Estado': el espionaje a activistas y periodistas en México. The New York Times. Recuperado de https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es

Perlroth, N. (2017). Programas de espionaje fueron usados contra promotores de un impuesto a los refrescos en México. The New York Times. Recuperado de https://www.nytimes.com/es/2017/02/11/programas-de-espionaje-fueron-usados-contra-impulsores-de-un-impuesto-a-los-refrescos-en-mexico/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es